Inocentadas

  En un día como hoy, cuando los católicos celebran los santos inocentes, los periodistas aprovechan para jugar con las noticias hasta el extremo de no distinguir la realidad de la ficción. Una de ellas, el anuncio de Cospedal a propósito del nulo sueldo que los diputados de la comunidad autónoma que preside, Castilla la Mancha, iban a percibir de ahora en adelante, levantó en su momento mucha polvareda mediática. Los más finos analistas comenzaron a pregonar que los cargos electos debían de tener un salario digno de la faena y que trabajando por el filete acabaría la política en manos de gente adinerada (como si no lo estuviera ya). Medidas tan inútiles como ésta, a la población en su conjunto le parecieron entonces estupendas. De hecho no se explicaban por qué no iban copiando las demás instituciones un castigo tan ejemplar. Supongo que los más inocentes llegaron a creer que diputados, concejales y demás miembros de la casta, pasarían estrecheces para llegar a fin de mes tratando de compatibilizar de mala manera sus respectivos oficios con la asistencia a plenos y comisiones. Pero nada más lejos de la realidad.

  O bien, la caverna que nos dirige, se ha dado cuenta ahora del error o no se explicó al principio correctamente. Cuando la Cospedal hablaba de que los diputados de su región, a partir de enero, no cobrarían ningún sueldo omitió que iban a recibir una indemnización de 955 euros al mes, más las dietas, kilometraje y asistencia, que se abonarían aparte. De esta manera llegarían a percibir con toda probabilidad un monto de 1.500 euros —que tampoco está mal— y en el supuesto de colaborar en comisiones o incluso de presidirlas sumarían entonces un bonito total de 2.300. Por mucho que el gobierno regional se ahorre así más de un millón en sueldos, asunto que está por ver, cualquiera se da cuenta de que no es lo mismo gratis que cobrar 1.500. Y sin embargo, nadie le preguntó a Cospedal sobre las razones de su cambio de opinión. Es más, en el supuesto de no haber modificado un ápice su postura, ni siquiera se cuestiona cómo es posible que cobrar 1.500 euros sea lo mismo para ella que no cobrar nada.

  Quien todavía conserva el trabajo, sabe que levantarse mil papeles al mes es casi una bicoca, de modo que no comprende que los políticos reciban más y encima a modo de indemnización. Cuando se indemniza a alguien, se le está resarciendo por un daño o perjuicio, no por realizar una tarea de representación pública. Una representación, además, que con frecuencia suele ser múltiple. Tenemos alcaldes que son diputados provinciales, concejales que cobran en una comarca, senadores o diputados que al mismo tiempo ejercen de alcaldes. En fin, existe todo un rosario de puestos institucionales que descansan en las mismas cabezas. ¿Cómo es posible pues que el sueldo de un diputado autonómico pueda considerarse como una indemnización? Y si entienden que cobrar 1.500 al mes es una indemnización, ¿qué representa el salario mínimo para esta gente? ¿Y una pensión? A los políticos que nos gobiernan no les interesa establecer un rasero común entre ellos y el resto de los ciudadanos.

  Quizá venga a cuento de que los políticos, refiriéndose a sus ganancias, utilizan una retórica peculiar. Muchos de ellos explican en voz alta que, de seguir trabajando en una empresa privada, cobrarían dos o tres veces más de lo que se llevan a los bolsillos por currar en una institución pública. ¿Pero es cierto lo que afirman o tan sólo es una excusa? Es bastante común que un ministro, cuando se retira de la carrera política, acabe trabajando para una multinacional. Lo raro es que alguien que ya trabaja para una de ellas termine de ministro, a no ser que entre en el juego para beneficiar al lobby que lo catapultó hasta el poder. O incluso a su propia sociedad anónima, que tampoco es tan difícil encontrar ejemplos. Buena parte de las privatizaciones que realizan ahora nuestros políticos últimamente terminan en manos de empresas en las que tienen intereses, reduciendo de este modo la crisis a una cruenta inocentada.